La Constitución actual de Santa Fe, una carrera contra el golpe de 1962

Por Ruben Adalberto Pron.

La Constitución de Santa Fe de 1962, actualmente en vigencia, fue fruto de la decisión del gobernador Carlos Sylvestre Begnis, en el cargo desde 1958, de modernizar un texto rector con antecedentes en el Estatuto Provisorio de Estanislao López y las reformas que se fueron sucediendo hasta la última de 1949/60 derogada tras el golpe de estado de 1955.

El mandatario surgido de las filas de la Unión Cívica Radical Intransigente, una de las dos fracciones en que se había divido la UCR a raíz de disidencias internas en torno a la convivencia con el peronismo o su prohibición definitiva, fue el decidido impulsor de la modernización de la Constitución de Santa Fe y para ello llevó adelante un largo trabajo de persuasión y negociaciones políticas que dieron fruto recién sobre el final de su gobierno, cuando ya se avizoraba el nuevo golpe de Estado que acabó con el mandato constitucional del presidente Arturo Frondizi y dispuso la intervención a la provincia y la interrupción de la gestión de Sylvestre Begnis.

La destitución de Frondizi y su confinamiento en la base militar de la isla Martín García, como había ocurrido en 1930 con el presidente Hipólito Yrigoyen y en 1945 con Juan  Domingo Perón, se produjo el 28 de marzo de 1962, pero la intervención a la provincia -y la consecuente deposición del gobierno de Sylvestre Begnis- no se materializó sino hasta el 24 de abril.

En medio de estos acontecimientos, se había logrado reunir la Convención Constituyente provincial cuyos miembros habían sido elegidos el 17 de diciembre de 1961, lo mismo que las nuevas autoridades gubernamentales que debían asumir el 1º de mayo del año siguiente.

La asamblea reformadora se constituyó el 23 de enero y se expidió el 14 de abril de 1962, cuando en la Nación ya se había impuesto el gobierno títere de José María Guido, manipulado y controlado por el partido militar, cuyas facciones -“azules” y “colorados”- terminarían enfrentándose a fines de 1962 y nuevamente en 1963.

En tiempos de “agonía constitucional”, como los definiría Danilo Kilibarda, uno de los constituyentes del 62 que fue parte de los representantes del justicialismo en la asamblea reformadora, la nueva Carta Magna provincial fue sancionada, como se dijo, el 14 de abril a las 7.40 de la mañana, diez días antes de la intervención a la provincia.

En una desesperada carrera contra el tiempo, el gobernador Sylvestre Begnis la juró esa misma tarde a las 18.30 en el palacio de la Legislatura.

El golpe de Estado contra Frondizi acarreó, como también se dijo, la intervención a Santa Fe y a otras trece provincias, anulándose el resultado de las elecciones que se habían realizado para suceder a los gobiernos que finalizaban su mandato en 1962, y que en el caso local habían consagrado a Luis Cándido Carballo y José Cisera como gobernador y vice, cargos que, obviamente, no pudieron asumir.

Sin embargo, el decreto nacional 4430 del 16 de mayo, estableció que “la nulidad de los comicios realizados el 17 de diciembre de 1961 en la provincia de Santa Fe no afectaba a los electos como convencionales constituyentes”, por lo que la reforma quedó firme y es la que establece el marco institucional en que Santa Fe se desenvolvió, con las intermitencias marcadas por las intervenciones derivadas de los golpes de Estado ocurridos hasta 1976, durante más de sesenta años.

Los intentos de actualizar la Constitución de la provincia a partir de la recuperación de la democracia en 1983, reimpulsados sobre todo por la necesidad de alinearla con lo que propone la Constitución Nacional de 1994, no llegaron a materializarse hasta ahora por la imposibilidad de oficialismos y representantes de la oposición de acordar qué ítems modificar.

Esa coincidencia, parece haberse alcanzado ahora con la sanción de la ley 14384 de diciembre del año pasado, que determina la necesidad de la reforma, limitada a los artículos que en ella se mencionan. Y ése será el tema a desarrollar en el último de los artículos de esta serie, que procuran dejar en claro que la elección de constituyentes del 13 de abril no es un apéndice de la renovación de los gobiernos municipales, sino una responsabilidad ciudadana que marcará en qué andariveles transcurrirá el futuro institucional de la provincia.